Arquitectura de la precariedad
Un sistema invisible de vacíos —jurisdiccionales, de procedimiento, de definición— forma una arquitectura que decide quién recibe protección y quién queda expuesto.
English version: Architecture Precarity
Hay estructuras en este mundo que la mayoría de la gente nunca ve. No porque estén ocultas, sino porque no están diseñadas para ser visibles a quienes transitan la vida con protección, estabilidad o reconocimiento institucional. Estas estructuras están hechas de vacíos: vacíos jurisdiccionales, vacíos de procedimiento, vacíos de definición. Y forman una arquitectura invisible que determina quién recibe ayuda y a quién se deja, en silencio, a su suerte.
Durante años no tuve el lenguaje para describir aquello dentro de lo que vivía. Solo sabía que a mi alrededor ocurría algo que no podía nombrar, algo que moldeaba mi vida sin anunciarse jamás. Tardé mucho en entender que lo que estaba viviendo no era una serie de hechos aislados, sino un sistema, una arquitectura, construido con precariedad y poder.
La precariedad no es solo inestabilidad. Es una condición que se crea cuando los sistemas que deben protegerte no te reconocen como alguien que merece protección. Es el espacio entre categorías, el lugar donde ningún organismo asume la responsabilidad, el silencio que sigue cuando pides ayuda y la respuesta es una derivación a otro sitio. La precariedad no es un accidente. Es un resultado estructural.
Y el poder, el poder real, no siempre hace ruido. A veces es la capacidad silenciosa de decidir a quién se escucha y a quién se descarta. A quién se le cree y a quién se clasifica. Quién recibe protección y a quién se redirige. El poder es la capacidad de definir el relato antes de que la víctima siquiera hable.
Yo no entendía nada de esto cuando mi vida empezó a deshacerse en México. Era una madre que criaba a cuatro hijos en un país extranjero, intentando mantener unida a una familia mientras la salud mental de mi exmarido se deterioraba de maneras que yo no podía interpretar ni controlar. Cuando nos abandonó, pensé que el peligro era el abandono mismo. Todavía no entendía que el verdadero peligro era el vacío que dejó: el derrumbe repentino de la estabilidad, la exposición a fuerzas que yo no estaba preparada para reconocer y la ausencia de cualquier institución dispuesta a ocupar ese vacío.
Ese fue el momento en que entré en la arquitectura de la precariedad.
Empezó con cosas pequeñas: una botella manipulada, un teléfono que se comportaba de forma extraña, desconocidos que sabían detalles que no deberían haber sabido. Al principio intenté racionalizar cada incidente. Eso es lo que hace la gente cuando el mundo deja de comportarse de manera previsible. Pero el patrón creció, y el miedo creció con él. Estaba sola con cuatro hijos en un entorno donde los actores criminales operaban abiertamente, donde la intimidación estaba normalizada y donde la vulnerabilidad no era un asunto privado sino una oportunidad pública.
Hice lo que haría cualquier madre o padre responsable: intenté denunciarlo. Acudí a las autoridades de México, luego a las de Australia, luego a las de Nueva Zelanda. Creía que alguien, en algún lugar, reconocería la gravedad de lo que yo describía. En cambio, me encontré con un sistema que no estaba hecho para recibir un caso como el mío.
Adondequiera que acudía, me decían que simplificara. Que resumiera. Que eligiera una sola categoría. Que quitara el contexto. Que explicara años de peligro en unas pocas frases. Que encajara mi experiencia en formularios que nunca se diseñaron para el daño transfronterizo, la coacción, la intimidación o la exposición al crimen organizado. Cuanto más intentaba explicar, más trataba el sistema la complejidad como señal de que el problema era yo.
Así funciona la precariedad: traslada a la víctima la carga de la claridad, incluso cuando el propio sistema es incapaz de entender la situación.
Y así funciona el poder: permite a las instituciones decidir que un caso es «demasiado complejo», «demasiado inusual» o que está «fuera de su mandato», sin reconocer jamás las consecuencias de esa decisión.
La arquitectura de la precariedad y el poder no es teórica para mí. Es la estructura que moldeó cada parte de mi vida durante más de una década. Es la razón por la que mis hijos y yo quedamos sin protección. Es la razón por la que tuve que enfrentar el peligro sola. Es la razón por la que mis denuncias desaparecieron en el silencio. Es la razón por la que ahora vivo en Nueva Zelanda sin mis hijos, cargando un trauma que ningún organismo ha evaluado jamás.
Es la razón por la que tuve que construir mi propio registro, públicamente, en www.jacqualineroche.com, porque ninguna institución ofreció un mecanismo seguro o adecuado para denunciar. No publiqué mi historia para llamar la atención. La publiqué porque temía que me ignoraran indefinidamente. La publiqué porque la verdad no tenía otro lugar adonde ir.
La arquitectura de la precariedad no es solo una descripción de lo que me pasó. Es la explicación de por qué pasó. Es la razón por la que mi caso se coló por todas las grietas de tres países. Es la razón por la que nadie intervino cuando todavía era posible intervenir. Es la razón por la que las consecuencias se volvieron irreversibles.
Y, sin embargo, esta arquitectura tiene otra capa: la que está hecha de silencio. El silencio no es pasivo. Es una forma de poder. Es el mecanismo con el que las instituciones eluden la responsabilidad. Es la herramienta que convierte a las víctimas en casos atípicos, que reformula el peligro como confusión, que transforma el miedo legítimo en algo que puede descartarse.
El silencio es lo que permitió que el daño continuara. El silencio es lo que permitió que los sistemas se hicieran a un lado. El silencio es lo que permitió que el relato se desplazara del peligro hacia mí. El silencio es lo que me mantuvo atrapada en una situación de la que no podía escapar.
Pero el silencio es también lo que me obligó a escribir. Es lo que me empujó a documentarlo todo, a construir mi propio registro, a crear un relato que no pudiera borrarse. Escribir se convirtió en la única manera de recuperar la verdad. Se convirtió en la única manera de llegar a mis hijos. Se convirtió en la única manera de plantarme ante un sistema que se negaba a oírme.
La arquitectura de la precariedad y el poder no es abstracta. Es personal. Es la estructura que moldeó mi vida, mi seguridad, mi familia y mi futuro. Es la razón por la que sigo luchando por ser escuchada. Es la razón por la que sigo buscando un mecanismo capaz de evaluar lo que ocurrió. Es la razón por la que sigo haciendo la misma pregunta:
¿Qué le pasa a una persona cuando los sistemas creados para protegerla nunca se diseñaron para alguien como ella?
Sigo viviendo dentro de esa pregunta.
Sigo recorriendo la arquitectura.
Y sigo intentando encontrar la salida.
En la última década, el equilibrio de poder en el mundo digital ha cambiado de maneras que la mayoría de la gente nunca ve. El público imagina la ciberdelincuencia como una actividad marginal: un puñado de hackers en cuartos oscuros, un mercado escondido tras navegadores cifrados. Pero la realidad es mucho más compleja. El submundo digital no es en absoluto un mundo aparte. Está entretejido en la economía global, moldeado por la demanda y sostenido por las mismas fuerzas que mueven a las industrias legítimas: dinero, oportunidad y ausencia de supervisión.
La ciberdelincuencia prospera porque llena vacíos que los gobiernos no pueden o no quieren atender. Ofrece servicios, como robo de datos, herramientas de vigilancia, blanqueo de dinero e intimidación dirigida, por los que actores poderosos están dispuestos a pagar. En este ecosistema, los grupos criminales no son villanos aislados; son proveedores de servicios en una economía en la sombra que abarca continentes. Mientras haya demanda, la cadena de suministro seguirá intacta.
Esto plantea una pregunta difícil: ¿dónde está la responsabilidad? Los grupos del crimen organizado operan en entornos definidos por la corrupción, la desigualdad y la escasa movilidad económica. Sus acciones causan daño, pero también existen dentro de una estructura global que premia la explotación y castiga la vulnerabilidad. El mercado negro digital no es una anomalía. Es un subproducto de un mundo donde la información es moneda y el acceso es poder.
Mientras tanto, los centros legítimos de poder, es decir, los gobiernos, las corporaciones y los ultrarricos, moldean el panorama tecnológico de maneras que a menudo dejan expuesta a la gente común. Se invierten miles de millones en exploración espacial, inteligencia artificial y colonización fuera del planeta. Estos proyectos cautivan la imaginación del público, pero también ponen de relieve un desequilibrio crudo: existen los recursos para construir mundos nuevos, y sin embargo los sistemas que deben proteger a las personas en este siguen sin fondos suficientes, fragmentados o ineficaces.
La vulnerabilidad digital no está repartida de manera uniforme. Quienes tienen menos recursos, menos respaldo institucional o una protección legal limitada tienen más probabilidades de quedar fuera del sistema. Cuando los dispositivos fallan, cuando se vulneran las cuentas, cuando desaparecen los datos personales, la carga de la prueba recae en la víctima, incluso cuando los sistemas diseñados para investigar esos incidentes están desbordados o mal equipados.
Para quienes sobreviven a la violencia doméstica, el entorno digital introduce nuevas formas de riesgo. El control económico, la vigilancia y la coacción pueden darse ahora a través de la tecnología con la misma facilidad que por la cercanía física. La ley no ha logrado seguir el ritmo. El resultado es un sistema en el que se espera que las víctimas se abran paso por burocracias complejas, presenten pruebas que quizá no tienen y se defiendan por sí mismas cuando ya están en crisis.
Mi experiencia se sitúa dentro de este contexto más amplio. Los fallos con los que me encontré, el silencio institucional, la falta de investigación, el derrumbe de la seguridad digital, no son casos aislados. Reflejan un problema estructural: un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la rendición de cuentas, y donde quienes tienen menos poder cargan con las mayores consecuencias.
El sistema no está diseñado para personas como yo. Está diseñado para la eficiencia, no para el matiz; para el procedimiento, no para la protección. Cuando falla, el impacto es personal. Se perdieron años con mis hijos. Desaparecieron oportunidades. La sensación de seguridad que alguna vez tuve se disolvió. Y las instituciones que debieron intervenir no lo hicieron.
Esto no es una acusación contra ningún organismo ni contra ninguna persona en particular. Es un examen de la arquitectura del poder: las fuerzas visibles e invisibles que moldean nuestra vida, nuestras vulnerabilidades y nuestro acceso a la justicia. Es un recordatorio de que el daño digital no ocurre en el vacío. Ocurre dentro de un sistema desigual, imperfecto y a menudo indiferente.
Entender este contexto no borra lo que me pasó. Pero sí explica por qué fue posible.
Digo esto sabiendo perfectamente que mi voz probablemente no será escuchada. El daño está hecho, y nadie va a repararlo jamás. No espero justicia.
No espero compensación. No espero que nadie con autoridad despierte de pronto y tome en serio mi caso.
¿Para qué seguir insistiendo en que a las autoridades les importe? ¿Para qué seguir intentando explicar la violencia doméstica, la manipulación, las tácticas frías y deliberadas que mi exmarido usó para desmantelar mi vida?
Lo he expuesto todo. He dicho la verdad. Y después de todos estos años de ser ignorada, descartada y tratada como si no importara, solo queda una cosa por decir: «Que os jodan a todos».
Solo espero que algún día mis hijos entiendan y me perdonen por haberlos abandonado.
